Por Unai Cano/La Gaceta de la Iberosfera.
España vuelve a llorar a decenas de víctimas tras una nueva tragedia: un descarrilamiento en Córdoba que ha acabado con la vida de al menos 40 personas y ha dejado decenas de heridos, en un tramo de vía terminado en mayo por una empresa vinculada a una trama de corrupción relacionada con Koldo García y el Gobierno. Todo ello mientras el Ejecutivo ha priorizado contratos ferroviarios millonarios en países como Marruecos, Egipto o Uzbekistán frente a la inversión y control exhaustivo en la red nacional.
Durante la pandemia de Covid-19, el Gobierno aseguró inicialmente que en España habría como mucho uno o dos casos, antes de imponer un confinamiento masivo que posteriormente fue declarado ilegal por elTribunal Supremo. Aquella gestión no sólo paralizó el país, sino que impidió a miles de familias despedirse de sus mayores. España terminó registrando más de 121.000 fallecidos por coronavirus, convirtiéndose en uno de los países europeos más golpeados por la crisis sanitaria.
La DANA que arrasó amplias zonas del levante español dejó alrededor de 237 muertos y miles de damnificados. A pesar de las alertas meteorológicas, laConferencia Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, no actuó con la rapidez necesaria ante el desbordamiento del barranco del Poyo. A ello se suma que años antes Pedro Sánchez descartó el desvío de este cauce por considerarlo caro y poco ecológico. También se criticó duramente la tardanza en desplegar al Ejército para auxiliar a la población afectada.
En materia energética, España sufrió un apagón generalizado que dejó sin suministro eléctrico a millones de personas durante horas, afectando a hospitales, transportes y servicios esenciales. Las críticas se centraron en la política energética del Gobierno, que ha apostado por cerrar progresivamente lascentrales nucleares, reduciendo fuentes estables de generación en nombre de un extremismo climático que ha debilitado la seguridad del sistema.
