Por Ramón Pérez-Maura/El Debate.
Como he escrito en estas páginas, creo que la crisis del decreto ómnibus por primera vez había ocasionado que el PP derrotara el relato del Gobierno. Sánchez y el equipo que le pagamos todos propagó la insidia de que por culpa del PP —pero eso sí, ni de Junts, ni de Vox que votaron con los populares— les iban a bajar las pensiones a todos los españoles que se benefician de ellas, asumiendo que nuestros jubilados son tontos y eso provocaría que el Gobierno arrollara con su relato. Bien pronto se vio que no era así. El Gobierno se dio cuenta rápido de que su fábula esta vez no había colado. Así que una vez más vendió hasta a su madre con tal de volver a lograr el apoyo del prófugo y los independentistas catalanes.
El martes vivimos un caso sin precedentes. Un Gobierno de una democracia occidental esperando a reunirse a que un prófugo de la Justicia de su país diera el visto bueno desde el exilio autoimpuesto a que se ratificara un decreto ley. Un decreto ley que los ministros respaldaron sin que hubiera sido estudiado previamente, sin que obtuviera el visto bueno de la Comisión de Subsecretarios, ni lo visaran en cada uno de los ministerios afectados. Con un par. La influencia de la extrema derecha catalana debe hacer que ahora la extrema izquierda que nos gobierna considere a la Comisión de Subsecretarios un escollo burocrático innecesario.
Almorzando el martes, en horas de incertidumbre sobre esta materia, un veterano embajador de España cuya familia es víctima del PNV, me anticipaba lo que iba a ocurrir y yo no quería creer: que en las leyes de urgencia social se iba a incluir el regalo del edificio de la Avenue Marceau al PNV para que al PP le fuera imposible respaldar las medidas básicas que Junts le quería sacar como un éxito personal suyo. Y ahora el PP se ha declarado más listo que nadie y ha anunciado que también va a ratificar el nuevo decreto con 29 medidas que, con buen criterio popular, ha pasado de denominarse decreto omnibús a decreto minibús…
