Por José María Ballester Esquivias/El Debate.
Angélica Garrido Rodríguez, que cumplirá 45 años dentro de unas semanas, casada y madre de dos hijos, lleva unos días en España -ofreció su testimonio en el Senado, tras haber hecho lo propio en el Parlamento Europeo-, después de haber sido liberada el pasado 10 de julio. Ese día cumplió íntegramente los tres años que la había impuesto la Justicia castrista por haber participado en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021, en compañía de su hermana María Cristina.
Tres años de feroz calvario por pedir libertad. Era la primera vez que los cubanos bajaban de forma masiva a la calle para cuestionar al régimen comunista. Ellas, no: desde pequeñas, sus padreas les inculcaron la pasión por la libertad.
-¿Se esperaba a que las detuvieran?
-En cierto modo, sí, pese a que la manifestación en Quivicán (provincia de Mayabeque), era pacífica. Tampoco se cometieron actos de vandalismo. Pero el régimen no permite esas consignas de libertad. Por eso nos arrestaron, a mi hermana María Cristina y a mí, de una manera brutal, en contra de la Ley de Procedimiento. En ese arresto arbitrario, donde recibimos golpes -fue la tortura más dolorosa que padecí-, y en el que me oriné en el coche personal del jefe de la Policía, nos fabricaron delitos, ya que no podían justificar legalmente nuestra detención.
– ¿De qué les acusaron?
-De atentado y desacato, delitos que, según ellos, cometimos en contra de la Policía.
-Del coche del jefe de la Policía…
-Nos llevaron a un ‘técnico de instrucción’, donde uno es sometido a largos interrogatorios. Ahí comienzan las torturas psicológicas: no te dejan dormir, te despiertan en diferentes horarios, no sabes si es de día o de noche. Todo en una celda extremadamente pequeña. Así durante un mes.
-De una celda a otra, la de la prisión preventiva
-Sí, en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao. Allí me pasaron a un destacamento donde había reclusas que ya estaban juzgadas, que eran reincidentes y multi reincidentes por delitos de derecho común. Un detalle importante.
– ¿Y el juicio?
-A lo largo de 2022, aunque no recuerdo las fechas.
– ¿Recuerda cómo transcurrió?
-Fue un montaje total, partiendo de que los abogados defensores fueron amenazados por la Seguridad del Estado. Sabían de antemano que su labor iba a ser en vano, pero, respetando su posición como abogados quisieron representarnos. Y la letrada Odalys hizo un buen trabajo: se comprobó que nuestro arresto fue ilegal porque la manifestación fue conforme a la Constitución. Esa es la razón por la que fabricaron esos delitos de atentado y desacato. De víctimas pasamos a victimarias.
– ¿Qué concluyeron los fiscales?
-A mi hermana le pidieron 15 años de cárcel y 10 para mí. Al final [en la sentencia] fueron 7 para ella y tres para mí…