COLOMBIA: Radiografía de un país en llamas

Por Gloria Chávez Vásquez.

El verdadero cambio vendrá al país, cuando los ciudadanos inconformes

se preocupen más por construir, que por destruir su futuro y el de sus hijos.

En un gesto simbólico de la cancelación de la cultura puesta de moda por la izquierda, un grupo de indígenas de la tribu Musak iniciaba las protestas contra la reforma tributaria propuesta por el presidente colombiano Iván Duque, derribando el emblemático monumento al fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar. En Pasto, ciudad de donde procedían, derribaron también la estatua de Antonio Nariño, nada menos que el prócer de la Independencia que tradujo los derechos humanos. La llamada “minga” (del quechua, mink’a: colectivo) se había movilizado en un amplio despliegue mediático, desde el departamento del Cauca, en el sur de Colombia, para unirse a las manifestaciones del paro nacional que comenzaron el 28 de abril.

Los colombianos que se manifestaban pacíficamente, no entendieron qué tenía que ver aquel colorido desfile de pastusos con la reforma a los impuestos, si ellos no contribuyen al erario público, sino que más bien viven de él. Pero los observadores y analistas políticos más agudos, captaron en la minga, un tentáculo más de las guerrillas, y en sus dislocadas arengas, el comienzo de un intento concertado con elementos radicales, por tomarse el país usando como frente las protestas. El pueblo se había lanzado a las calles, particularmente azuzado por el maquiavélico exguerrillero y ahora líder de la izquierda, aspirante a la presidencia, Gustavo Petro y movilizado por los sindicatos, los organizadores comunales, y otras galladas.

La prueba de que había gato encerrado no se dejó esperar, y muy pronto comenzó el desorden, el vandalismo en forma de ataques e incendios en varias ciudades del país donde la presencia de la izquierda es más notable. Ante tamaña evidencia, Claudia Restrepo, la alcaldesa comunista y aliada de las Farc en Bogotá, no tuvo más remedio que entregar el control de la situación a la ESMAD (organismo antidisturbios que depende de la policía y está adscrito al ministerio de Defensa) para contener a los bárbaros. Por primera vez en su vida política advirtió a los agitadores que no jugaran sucio. Sus colegas y seguidores la acusaron de uribista.

Ya para el fin de semana, los marchantes pacíficos de varias ciudades habían convencido a Duque de que esa reforma en medio de la pandemia no funcionaba. El editorial del 4 de mayo de El Colombiano de Medellín, calificó el retiro de la reforma como “un ejercicio de realismo político y de pragmatismo”, añadiendo que “el presidente resolvió asumir el costo político e intentar una nueva vía de consenso, incluso obrando conscientemente de que también así lo van a criticar”. Muchos manifestantes dieron su misión por cumplida y se retiraron condenando los desmanes. Otros se dieron cuenta de que venían siendo utilizados por los políticos de izquierda. Empero, los amaestrados radicales continuaron sus motines en diferentes ciudades y siguiendo instrucciones de líderes desde la oscuridad, se dedicaron a incrementar los daños, a atacar la policía y a crear pánico. Esto obligó al gobierno a tomar medidas drásticas.

Pero fue en Cali donde los aprendices de terroristas pusieron en práctica el manual de Alinsky. Su objetivo era muy obvio: hacer el mayor daño posible, intimidar a los habitantes y paralizar la ciudad.

El primer día de disturbios incendiaron buses y estaciones del sistema de transporte masivo MIO (Masivo Integrado de Occidente); quemaron sedes institucionales del Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), el edificio de la Fiscalía General de la Nación; saquearon establecimientos comerciales y quemaron una sede de Bancolombia. En el sector de Siloé, un barrio de obreros, hubo varios muertos y heridos durante una velatón y desconocidos atacaron la estación de Policía. Uno de los mayores actos terroristas, tuvo lugar durante la sexta noche de paro, cuando los insurgentes incendiaron un hotel en el centro de Cali mientras realizaban transmisiones en vivo en las redes sociales con la colaboración de residentes de la zona: “Lo quemamos porque ese hotel estaba guardando los elementos del Esmad, es decir, todos ellos pagan los daños”. Entretanto, el senador de la izquierda, Alexander López, en lugar de asistir a la policía a establecer el orden, ayudaba a escapar a varios detenidos, dando orden de abrir el furgón en el que estaban encerrados. Solo en la capital del Valle, durante las revueltas, se registraron cerca de una docena de muertos y más de 220 lesionados, 80 de ellos uniformados. Los violentos, “infiltrados” entre los manifestantes, atacaron con piedra, palos y cuchillos a la policía y trataron de quemar vivos a varios agentes entre ellos varias mujeres.

Cali ha sido el patio de juego de las guerrillas desde tiempo inmemorable. Es una de las ciudades de Colombia más contaminada por la ideología comunista. Su actual alcalde, Jorge Iván Ospina, es hijo de uno de los infames cabecillas del M19, Iván Marino Ospina. Es en esta ciudad, conocida como La Sultana del Valle, donde se obligan las “vacunas” (cuotas a las guerrillas) a los propietarios de negocios; tiene lugar el adoctrinamiento de feligreses en las iglesias, por parte de curas subversivos; y se maquinan las acciones delictivas de los supuestos universitarios o guerrilleros urbanos, que siguen a sus “maestros” con la devoción de los fanáticos del futbol. Gran parte de la clase alta considera cachet el comulgar con la izquierda. En tiempos como este, los jóvenes se convierten en ojos y oídos de los insurgentes. Fueron ellos los que señalaron el hotel donde operaba el Esmad y posiblemente los autores del incendio al hotel que los hospedaba. Pero la noticia de que la guerrilla operaba en la ciudad con la minga llegó a oídos de la fiscalía la cual identificó de inmediato las estructuras ligadas al narcotráfico, al ELN y a las disidencias de las FARC como responsables del vandalismo en Cali.

A pesar de que el presidente retiró la reforma tributaria, el Comité Nacional de Paro se negó a desactivar las protestas, añadiendo una lista de nuevas exigencias y animando a continuar el desorden. El día del trabajo, 1 de mayo, la marcha fue pacífica y alegre a pesar del toque de queda. La táctica era musicalizar la marcha para quitarle el miedo a la gente. El tema era arengar al pueblo sobre la reforma y los derechos laborales, entre otras cosas. Ese día, en Armenia, los taxistas comenzaron una desentonada huelga con el nombre de Plan tortuga y se obstruyó la entrada Quindío-Tolima de La Línea, el túnel que comunica el occidente con el oriente del país. Los ataques a instalaciones policiales, bancarias y peajes en otras ciudades prosiguieron. En Cartago destruyeron la sede de tránsito, en Neiva tiraron una bomba molotov a las instalaciones del periódico La Nación. En Armenia y Montenegro varios policías resultaron heridos, uno de ellos apuñalado repetidamente. En las manifestaciones subsiguientes, los infiltrados atacaron alcaldías y alumbrados municipales y continuaban infligiendo daños a establecimientos públicos, supermercados, cajeros automáticos y quemando comandos de Atención Inmediata (CAI)) en todo el país.

Ante el impacto inmediato (desabastecimiento de víveres y combustible por causa de los bloqueos a las vías,) y el estrangulamiento de la economía que se sumó a los efectos sociales de la pandemia, los líderes regionales optaron por el diálogo convocado por el presidente. En los días de duración y como consecuencia de la extensión de las protestas, un número de manifestantes sufrió heridas por golpes y contusiones aparte de inhalación de gases lacrimógenos y descargas eléctricas, lo cual causó la muerte de un manifestante en Bogotá y otro en Cali. Ahora las marchas y velatones eran para protestar el abuso policial y la muerte de manifestantes en las revueltas.

Haciendo eco de las voces del centro democrático, El senador Felipe Mejía pidió al presidente Duque decretar la ley de conmoción interior, contenida en la constitución colombiana, para detener la destrucción. Opositores vocales, como la hiperbólica representante de la izquierda ante la cámara y excandidata a la presidencia, Angela Robledo, en lugar de ofrecer soluciones, acusó a Duque de estar formando una dictadura al ceder el control a las fuerzas armadas. A la de Robledo se sumó la declaración de la alcaldesa Claudia Restrepo, de que las fuerzas del orden, estaban “deteniendo la violencia con más violencia”. Y para llenar la batea con malas decisiones, algunos activistas pidieron la intervención de la iglesia y de los organismos internacionales, a lo que la ONU se prestó gozosa.

Ni corto ni perezoso, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció su “preocupación” por las denuncias de violación a los derechos humanos, a pesar de evidencias de que los defensores humanitarios están trabajando activa y libremente para ayudar a las posibles víctimas en todo el país. Al portugués, se añadió el etéreo Anonymous, saboteando la página del ejército nacional y las oficiales del estado a través de su cuenta de Twitter. El vengador de la internet anunció su postura contra el gobierno colombiano, su apoyo al paro nacional y de paso reveló las claves de algunos funcionarios. “Encourage Iván, we keep working”, escribe Anonymous en traducción al español muy deficiente. A todas estas, los colombianos inmigrantes que simpatizan con el paro o con la izquierda, anunciaron que celebraran eventos de apoyo desde sus bases en otros países.

Ese mismo día y desde Venezuela, protegido por el régimen de Nicolas Maduro, el guerrillero de las Farc, Seusis Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, que huyó del país por no enfrentar las acusaciones de sus víctimas, lanzaba una amenaza al presidente Iván Duque: Memento mori (latín por “recuerda que morirás).

Por si acaso, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ha identificado y apresado a buen número de los delincuentes. Labor que seguramente deshará en cuestión de días, la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) ese esperpento creado en el (des)tratado de la Habana para dar inmunidad a los criminales de izquierda. Y como siempre, para los que manejan a los títeres detrás de bastidores, desde Cuba, Venezuela y en la misma Colombia, los desbarajustes del paro fue tan solo un oportunista incidente más en la lucha por imponer su ideología obsoleta.

Gloria Chávez Vásquez es escritora y periodista.

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